Esta medida convertiría a Nueva York en el primer estado con este tipo de legislación, aprobada por la legislatura estatal, dijo el viernes, 02 de agosto el asambleísta estatal Marcos Crespo, quien presentó el proyecto en esa cámara.

La medida será enviada en los próximos días al gobernador Andrew Cuomo, que tendrá diez días para convertirla en ley.

"Hay notarios y paralegales que dan servicios desde sus hogares o espacios comerciales que parecen legítimos, pero no sabemos cuáles son sus cualificaciones para ello", y muchas veces ha resultado en estafas, indicó.

"Este registro aseguraría que cualquier persona que va a proveer servicios tiene que tener las calificaciones necesarias, aprobado por el estado, y tendrá un sello en su permiso", explicó Crespo, presidente del Comité de Nuevos Estadounidenses, que ofreció una rueda de prensa en la que participó también el senador estatal Jeff Klein.

De esa manera el estado se asegurará de que los inmigrantes saben dónde ir sin riesgo de ser estafados y si ello ocurre, la misma medida provee para que se le compense económicamente.

"Si se presenta una querella el estado tiene toda la información de esa persona para investigarlo", afirmó.

Una reciente auditoría realizada por las agencias federales y de la ciudad de Nueva York encontró que más de 220 proveedores de servicios de inmigración estaban operando fuera de los límites de la ley y se emitieron más de 288.000 en multas.

Encuestas sobre este tipo de fraude en otras ciudades grandes de EE.UU han encontrado que más del 40% de las operaciones de servicios de ayuda a inmigrantes son fraudulentas.

Crespo destacó que el proyecto también crea una modalidad de delito para castigar aquellas personas que usen los medios de comunicación para atraer público anunciándose como proveedor de servicios sin estar autorizados.

"No sólo es el fraude cometido contra el inmigrante (que haya requerido sus servicios) sino que trabajó para defraudar a las masas" con sus campañas mediáticas, destacó.

Argumentó que tal y como está ahora la ley, nada evita que los que hayan cometido fraude, y hayan cumplido una condena o se les haya impuesto una multa, vuelvan a intentar lo mismo, y para evitar este tipo de situaciones se creará el mencionado registro.

Los abogados o las organizaciones que cuenten con un abogado para sus servicios de inmigración no tendrán que registrarse con el Departamento de Estado.

"La preocupación es que la reforma viene de camino y haya o no la haya, sabemos que habrá millones de personas buscando ayuda, y lo que no queremos es que en la única oportunidad que van a tener de un proceso que ya se visualiza será complicado y costoso, vayan a ser víctimas de estas personas sin escrúpulos", argumentó.

Un gran número de organizaciones comunitarias, religiosas y sindicatos han expresado su apoyo a la medida, que esperan sea firmada por el gobernador Cuomo.